NUEVOS AIRES EDICIÓN Nº 33  | DICIEMBRE DE 2020
 
 

Por el derecho al deseo

Luciana Vidal*

La despenalización y legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) es una deuda que la democracia tiene con las personas con capacidad de gestar (es preciso recordar que, por ejemplo, los hombres trans también abortan); luego de años sin que se otorgara quórum para debatir el proyecto de ley, en 2018 finalmente se le dio tratamiento. El 8 de junio de ese año, en una jornada maratónica como nos tiene acostumbradxs, la Cámara de Diputados le dio la tan esperada media sanción. Sin embargo, dos meses después, la Cámara Alta le dio la espalda a “la marea verde”: ese colectivo enorme e imparable de mujeres y disidencias que luchó (y aún lucha) por el reconocimiento de derechos. Esa lluviosa noche de agosto, quedó demostrado una vez más que el deseo sigue siendo un problema. Pero ya lo dijo el recordado Fernando “Pino” Solanas en su discurso de ese día: “Hoy no es una derrota, se lo digo a las chicas que están afuera. Es un triunfo monumental. Hemos logrado colocar el tema en el debate nacional".
Dos años después, el panorama ha cambiado: esta vez, el proyecto ingresó de la mano del Poder Ejecutivo, cuyo representante confirmó en más de una oportunidad que el aborto debía ser ley, y que haría lo posible porque así fuera. Lo dijo en campaña, lo repitió en la apertura de sesiones de este año, y lo plasmó presentando un proyecto que finalmente dejaría de criminalizar el derecho de una persona gestante a decidir sobre su cuerpo. Tan sencillo como eso.
Es necesario dejar en claro que lo que se debate en estos días en el Congreso no solo se manifiesta de manera transversal y no conoce de ideología partidaria sino que, además, dista muchísimo de ser una elección personal: aquí la pregunta no es “Aborto: ¿sí o no?”. Es algo mucho más profundo: Aborto ¿legal o clandestino?
Día a día, y por motivos que exceden a cualquier tipo de análisis, personas con capacidad de gestar toman la decisión de terminar con embarazos no deseados; en el mejor de los casos, abonan cánones altísimos para acceder a un aborto practicado por personal de la salud que no hace otra cosa que acusar con un dedo mientras que con la otra mano recibe el dinero. ¿Qué sucede en el peor de los casos? Mueren.

¿Por qué mueren? Porque la desesperación, la pobreza y el desamparo no conocen de leyes, y los métodos son tan diversos como peligrosos: perejil, percha, aguja de tejer, y más. Se puede googlear, la información está al alcance de un clic. Pero no así la protección a quienes no pueden costear una manera segura de hacerlo. Entonces, sí: mueren. Solxs y en la oscuridad. Clandestinamente.
Es por esto que la problemática de los abortos clandestinos es nada más ni nada menos que una cuestión de salud pública. Más allá de las decisiones personales, es imprescindible que el Estado esté presente. Si se convierte en ley, ¿habrá más abortos?. Los números subirán, claro; pero porque podrán comenzar a contabilizarse, y las muertes dejarán de ser invisibles. Pero algo más importante: quienes decidan abortar, no dejarán la vida en el intento.
¿Qué plantea el proyecto? Resaltemos algunos puntos esenciales:

  • Se consagra el derecho de personas gestantes de decidir: esto incluye acceso a la información, a la salud y a la cobertura integral del procedimiento (tanto en la esfera pública como en la privada) en caso de que decidan hacerlo, que deberá llevarse a cabo en un plazo máximo de 10 días desde su requerimiento. La Interrupción Voluntaria del Embarazo, en definitiva, será incluida en el Plan Médico Obligatorio.
  • Se permite la IVE hasta la semana 14 de gestación inclusive; luego de ese momento, se habilitará en casos de violación o en aquellos que afecten la salud de la persona gestante.
  • En lo que refiere a objeción de conciencia, estará permitida en tanto esta decisión se sostenga en todos los ámbitos en los que ejerza su profesión la persona que la manifieste. En cuanto a instituciones de salud, en caso de no tener profesionales que lleven a cabo dicho procedimiento, deberán derivar inmediatamente a otro prestador que sí lo realice, manteniendo la cobertura del 100%. Esta objeción de conciencia no podrá ser esgrimida para no intervenir en atención sanitaria post aborto.
  • El Estado, además, tiene la obligación de fomentar el cumplimiento de la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral (sancionada en 2006 y que aún no se cumple en algunas provincias), estableciendo políticas de promoción que permitan fortalecer la salud sexual y reproductiva de la población.

 

Dicho esto, me permito una infidencia: decidí escribir solamente el párrafo “de la derrota” antes de la jornada histórica del 29 y 30 de Diciembre. No quería alimentar ilusiones. El “poroteo” se mantuvo demasiado parejo como para pensar en un resultado diferente al de hace dos años. Desde las 16 horas, oradores de diferentes partidos políticos expusieron sus argumentos a favor y en contra de la interrupción voluntaria del embarazo y de la “ley de los 1000 días”, una iniciativa acertada para acompañar los embarazos deseados en situación de vulnerabilidad (porque no, la ley de IVE no obligará a nadie a abortar).
A las 4 de la mañana, y con la exposición del senador antiderechos por la provincia de Formosa José Mayans, se dio por finalizado el debate. La Plaza del Congreso, dividida entre “celestes” y “verdes”, aguardaba expectante mientras miles de personas seguíamos el proceso por redes, medios de comunicación e incluso a través de compañerxs que transmitían de alguna manera lo que sucedía.
La presidenta de la Cámara de Senadores, Cristina Fernández de Kirchner, se mantuvo neutral y estoica (pese a que se sabía que desde 2018 apoyaba el proyecto). Se cerró la votación y los números sorprenden: 38 a favor, 29 en contra, y 1 abstención. La calle estalló en gritos y música: es ley.

La lucha sigue, y aún queda mucho por hacer; por su parte, los sectores a favor del aborto clandestino prometen judicializar la ley, y es esperable. No se darán por vencidos. Pero son las 4 de la mañana y, mientras abrazo a mi hijo, celebro que nuestro país hoy es un poco más justo.

*Abogada (UBA)